29 de julio del 2021

Crédito: freepik royalty free 2020

La complejidad de la problemática de la violencia y las adicciones, el componente psicosocial, la discapacidad física y mental en el afectado así como en el entorno familiar. Cuando la salud mental se haya posicionado como una política de Estado y los colectivos sociales la reconozcan como un derecho que debe ser exigido, habremos logrado darle sostenibilidad a los avances logrados y expandir su accionar, lo que redundará en un gran beneficio para nuestra población.

Los nuevos desafíos en salud mental incluyen el aumento de la demanda de servicios, por parte de la sociedad, que faciliten la adopción de medidas efectivas de prevención y abordaje precoz de la conducta suicida. Estas circunstancias han motivado iniciativas, para desarrollar acciones oportunas que ayuden a superar las alarmantes cifras que han ido apareciendo al respecto.

El estudio de carga de enfermedad en el Perú fue una importante contribución para la toma de decisiones en Salud Pública. Se encontró que el grupo de daños que causan mayor carga de enfermedad son las enfermedades neuropsiquiátricas. Con datos nacionales de mortalidad y morbilidad se ha estimado que estas enfermedades producen 826 253 años de vida perdidos ajustados por discapacidad, lo cual representa el 16%  y el 28% de enfermedades no transmisibles. Este grupo de padecimientos tiene mayor carga de enfermedad debida a los años vividos con discapacidad .Esto permitió el desarrollo de programas de atención primaria y la inclusión de las enfermedades mentales dentro de las prioridades de salud en el Plan Nacional Concertado de Salud

Las adicciones forman parte de los trastornos psiquiátricos, producen una alteración neurobiológica importante que se traduce en la alteración de la conducta y la inadaptación al entorno, por ello requieren un tratamiento médico y psicosocial. Plantear el encierro y el maltrato, como formas de lograr la recuperación de las personas adictas, es inadmisible tanto desde el punto de vista científico como legal. El internamiento involuntario solo puede ser permitido en caso de emergencia, tal como lo señala el Artículo 4.° de la Ley General de Salud, la cual afirma que: ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo.

Asimismo, respecto a la población de niños y adolescentes, las investigaciones sugieren que los traumas pueden incluir problemas emocionales y físicos poniendo a aquellos expuestos al trauma en un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas y muerte prematura. Para los niños y jóvenes, además de los problemas de salud, existen otras consecuencias del trauma, entre las que se incluyen las di?cultades en el aprendizaje, problemas de conducta, para relacionarse y poca competencia emocional y social.