06 de marzo del 2020

Hace no mucho se pensaba que la única forma de combatir el consumo de drogas era a través de las sanciones penales y el rechazo social. Sin embargo, varios expertos en el tema se han dado cuenta de que una de las formas de encarar este flagelo es a través de la atención básica en salud y el acceso a información. Incluso, una ley de la república califica la drogadicción como una enfermedad y un asunto de salud pública. 

En Colombia desde hace cinco años la Corporación Acción Técnica Social (ATS), en cabeza de Julián Quintero, viene de desarrollando varios programas para afrontar este fenómeno. Lejos de juzgar a estas personas u obligarlas a que dejen de drogarse, lo que busca esta ONG es cambiar la forma de consumir. “Lo ideal sería que no consumieran —dice Quintero— pero hay personas que no pretenden dejar de hacerlo. Lo que queremos lograr que esta población pueda tener calidad de vida, y reducir el número de muertes y enfermedades que puedan contraer”.  

Entre esos proyectos está ‘Cambie‘, un programa que va dirigido específicamente a las personas que consumen drogas por vía intravenosa. Esta campaña ha logrado atender a 2.000 personas de las 15.000 consumidores que hay en el país y de las cuales el 95 por ciento se inyecta heroína.

‘Cambie’ funcionaba en Bogotá, Pereira y Cali, tres zonas priorizadas por el Ministerio de Justicia. Tenían puntos móviles donde atendían a la gente desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche y les ofrecían a los consumidores varios servicios: Les entregaban un kit con 4 inyecciones y 4 aguas estériles para que no compartieran con nadie más las jeringas —principal medio de infección—.

Además, les proporcionaban una dosis de naloxona, un antídoto para tratar la sobredosis por heroína. Pero lo más importante es que les ofrecían acompañamiento psicosocial, informaban sobre los riesgos, y les hacían pruebas de VIH y Hepatitis C, las principales enfermedades que se contraen por este tipo de consumo. También recogían este material en las calles para evitar el riesgo biológico al que quedaban expuestos todos los que por allí transitaran.

Para romper con la barrera de la vergüenza nunca hicieron obligatoria la revelación de la identidad. Aquellos que quisieran recibir tratamiento también podían encontrar un lugar que los guiara en los pasos a seguir.
 

Lo que para algunos parece una “alcahuetería” ha dado resultados importantes. De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por ATS, comparados con los estudios del Ministerio de Justicia, ha habido una reducción en la infección del VIH en esta población. En Pereira se realizaron 260 pruebas de VIH a consumidores en el año 2014 con un resultado de 8.3 porciento de positivos, mientras que en el segundo semestre del año 2017 ATS realizó 467 pruebas y encontraron que el número de infecciones se redujo a 4.0 por ciento de positivos por VIH. 

En Bogotá para el año 2014 se realizaron 188 pruebas de VIH de las cuales el 5.0 por ciento dio positivo para VIH, mientras que para el segundo semestre del año 2017 ATS realizó 221 pruebas para un resultado positivo de 1.8 por ciento.

Los beneficios también son económicos. Al promediar información de diferentes EPS-IPS se encontró que el valor promedio del tratamiento mensual del VIH puede costar entre 800.000 y 1.600.000 pesos, mientras que el de hepatitis C puede ascender a los 3.000.000 de pesos mensuales. En cambio, suministrar atención integral a personas que usan drogas inyectadas cuesta entre 120.000 y 180.000 pesos por persona al mes.