13 de mayo del 2019

Ese argumento está incluido en la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, que fue presentada este miércoles en Tunja por el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

La política se estructura sobre la base de que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública y mucho más cuando se ha demostrado que cada vez son más tempranas las edades de estas prácticas.

Las cifras del más reciente Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas son claras: el alcohol encabeza la preferencia de los colombianos (58,7 por ciento), seguido por el tabaco (16,2 por ciento); y más atrás están sustancias como la marihuana (3,3 %) y la cocaína (0,7 %), que muestras tendencias al alza, especialmente en las poblaciones más jóvenes.

Según el ministro Uribe, el enfoque del plan para enfrentar este problema está centrado en los conceptos de desarrollo humano, en un contexto de derechos y de salud pública. “Los principios orientadores están relacionados con la vida digna, la inclusión, la integralidad del tratamiento y la no discriminación de los afectados -dice Uribe- y abarcará a todas las personas con riesgos o consumos problemáticos de estas sustancias, con proyección a sus familias y a sus comunidades”.

"En el consumo de sustancias psicoactivas preocupa la creciente incidencia de uso en poblaciones escolar y universitaria y en mujeres, pero hay otros grupos en riesgo y una realidad: hay ciudadanos que tienen problemas con esas sustancias y deben ser acompañados en su esfuerzo por superar las consecuencias que trae esta afectación", aterrizó el ministro Uribe desde Tunja.

Cinco ejes

Fortalecer factores que protejan contra el inicio del consumo, en todas las edades y en todos los círculos sociales, es uno de los cinco ejes de esta política, que también incluirá la reducción de factores de riesgo en entornos familiares, educativos, labores y sociales; así como proveer el tratamiento integral a las personas con consumo problemático.

Para lograrlo se garantizarán redes específicas de asistencia en salud cubiertas por el sistema que, entre otras, proveerán tratamientos integrales con soporte familiar, psicoterapia, administración de medicamentos de sustitutos de consumo, materiales para reducir daños físicos (jeringas, pruebas rápidas para distintas enfermedades de transmisión), lo mismo que asesorías para la prevención del aborto seguro y educación sexual y reproductiva para los afectados.

Todas estas intervenciones, aclara el Ministerio, están basadas en la evidencia científica y tendrán como fundamento la voluntariedad de los afectados.

El principal objetivo de esta política, con la que se compromete este Gobierno para lo que resta de mandato, es recuperar la funcionalidad y las plenas capacidades de los consumidores y favorecer su inclusión a espacios familiares, laborales y sociales, especifica el Ministerio.

“Esta política tiene un componente importante y es que por primera vez se estructura basada en la evidencia de que Colombia ya no es solamente un país productor sino consumidor. También es la primera que reúne, en la práctica, el componente de integralidad que parte desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación e integración y aborda elementos intersectoriales, como lo manda la ley estatutaria”, afirmó Iván Darío González, viceministro de salud.

“Es producto de un trabajo transdisciplinario en el que un grupo de expertos reunió la mejor evidencia científica disponible”, apunta González y agrega que es la primera vez que se reconocerán las terapias de sustitución, principalmente para el consumo problemático de opioides.

EL TIEMPO conoció que ya se está trabajando en un documento CONPES que garantice recursos, acciones e intervenciones intersectoriales y financie las acciones de esta política.

Algunas líneas de acciónTratamiento integral

Propone una evaluación completa del estado de salud de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas y sus familias, el establecimiento de un plan de tratamiento y seguimiento voluntario que responda a sus necesidades. 

1. Redes de prestación de servicios para la atención de consumidores y sus familias.
2. Atención diferenciada y gestión de la prestación de los servicios.
3. Implementación continúa y articulada de servicios de reducción de daños adaptados para personas con consumo problemático que no quieren o no pueden dejar el uso.
4. Mantenimiento con metadona y otras terapias de sustitución, manejo de sobredosis por opioides con acceso al medicamento naloxona, material higiénico para inyección, pruebas rápidas para males de transmisión, acceso a preservativos masculinos y femeninos, métodos de regulación de la fecundidad, asesoría para prevención del aborto inseguro y educación en salud sexual y reproductiva.

Rehabilitación integral e Inclusión social

Propone un proceso de empoderamiento de las personas en riesgo o con consumo problemático de sustancias psicoactivas y sus familias, con el fin de garantizar la vinculación y acceso a servicios sociales y sanitarios que mejoren sus condiciones de vida y el cuidado en salud.

1. Apoyo para la conformación y desarrollo de grupos de ayuda mutua, y diferentes formas de organización social.
2. Articulación entre grupos de ayuda, apoyo, servicios sociales, de salud y comunitarios para la identificación temprana, seguimiento y acompañamiento de procesos de inclusión y adherencia al tratamiento.
3. Promoción de escenarios de encuentro y concertación para la generación y fortalecimiento de redes de apoyo sociales, comunitarias e interculturales, formales (asociaciones, cooperativas, entre otros) e informales (líderes de opinión).
4. Alianzas público – privadas y comunitarias orientadas a inclusión educativa, laboral, cultural, deportiva, vivienda y transporte de las personas con consumo de sustancias psicoactivas.
5. Articulación intersectorial en el desarrollo de programas de justicia restaurativa para personas con consumo de sustancias psicoactivas.