14 de July del 2025

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Desde 2010, México ha registrado 1,735 muertes asociadas a fenómenos climáticos extremos, principalmente lluvias, inundaciones y olas de calor. La cifra, respaldada por datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Secretaría de Salud (SSA), refleja una tendencia creciente y preocupante en los últimos años.

Crecimiento alarmante de muertes por fenómenos climáticos

Entre 2010 y 2023 se reportaron 659 decesos por lluvias e inundaciones, destacando 2010 como el año más letal con 100 muertes. A partir de 2017 se observa un aumento constante, culminando en un incremento del 50% en 2023 con 51 fallecimientos respecto al año anterior.

Por otro lado, las olas de calor han sido aún más mortales: entre 2014 y junio de 2025 se registraron 1,046 defunciones. En 2023 se reportaron 421 muertes, un aumento del 902% frente a 2022. Aunque 2024 mostró una ligera baja (331 casos), sigue siendo significativamente superior al promedio anual de años previos. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 28 fallecimientos por esta causa.

Emergencias por inundaciones: impacto persistente

De 2000 a 2024 se emitieron 1,168 declaratorias de emergencia, desastre o contingencia climatológica por inundaciones. Los picos más altos fueron en 2008 (225 declaratorias) y 2010 (150). En contraste, 2024 cerró sin declaratorias oficiales, pese a inundaciones recientes en la CDMX, Estado de México y Tamaulipas que causaron severos daños materiales y afectaron cientos de viviendas.

La “paradoja hídrica”: lluvias e inundaciones conviven con sequías extremas

Especialistas como el investigador Víctor Magaña (UNAM) y el activista Aurélien Guilabert (Extinction Rebellion México) coinciden en que México enfrenta una “paradoja hídrica”: mientras unas regiones padecen inundaciones, otras enfrentan sequías prolongadas. Las causas incluyen deforestación, mal manejo de presas y sobreexplotación de acuíferos. El calentamiento global intensifica estos extremos, y la falta de planeación histórica agrava los impactos.

Gestión de desastres: sistema reactivo, centralizado y desorganizado

Entre 2019 y 2023, se emitieron 177 declaratorias de emergencia y 99 de desastre. En ese periodo, 2020 fue el año más activo. No obstante, según expertos del CIDE como Manlio Felipe Castillo, la gestión de desastres en México sigue siendo altamente reactiva, centralizada en el gobierno federal, con poco énfasis en prevención y una débil coordinación entre niveles de gobierno.

Uno de los golpes más fuertes a la gestión de emergencias fue la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020. Este fideicomiso permitía disponer de recursos de forma inmediata tras un desastre, sin afectar presupuestos previamente aprobados. Su eliminación, bajo argumentos de austeridad, dejó un vacío que el actual Programa de Atención a Emergencias por Desastres Naturales (PAEDN) no ha logrado llenar eficientemente. El nuevo esquema es más burocrático, menos transparente y depende totalmente del presupuesto federal.

Problemas estructurales: politización, falta de equidad y opacidad

Casos como los ocurridos en Chiapas, Jalisco y Guerrero en 2022 evidencian fallas en la distribución de apoyos, politización de decisiones y falta de mecanismos de seguimiento y financiamiento estables. Además, los gobiernos municipales —los más cercanos a las comunidades afectadas— son los que menos participan activamente en la gestión de riesgos.

La Ley General de Protección Civil plantea un enfoque integral de riesgos y coordinación entre niveles de gobierno, pero en la práctica, la implementación es deficiente y desorganizada.

Costos económicos y humanos de los desastres

En términos económicos, los años 2010, 2017 y 2023 destacan como los más costosos por desastres, con afectaciones superiores a los 88 mil millones de pesos. En 2023, Guerrero concentró el 97% de las pérdidas económicas por el huracán Otis, aunque los estados con más muertes fueron Sonora (121), Nuevo León (104) y Baja California (58).

Conclusión

México enfrenta un reto estructural y climático cada vez más severo. El aumento de muertes por fenómenos extremos, la desaparición de mecanismos de financiamiento como el Fonden, y la falta de coordinación entre niveles de gobierno, reflejan una gestión de riesgos obsoleta y frágil. Ante el avance del cambio climático, los especialistas coinciden en la urgencia de transformar la política hídrica nacional, priorizar la prevención, restaurar los ecosistemas y garantizar un enfoque descentralizado, transparente y equitativo en la atención a desastres.