09 de julio del 2021

Jorge Iván Domínguez

El uso de sustancias psicoactivas por parte de los seres humanos, ha sido una constante dentro de nuestra historia; desde las legales como los medicamentos, el azúcar, el alcohol, el café y el cigarro, hasta todas las prohibidas por la ley, han generado una demanda y un mercado que ha evolucionado a lo largo del tiempo constituyéndose como un fenómeno que podemos catalogar incluso en el orden de lo antropológico.

La prohibición de algunas de estas sustancias, de ninguna manera han seguido una lógica basada en la salud pública, y en la mayoría de los casos a nivel mundial, han sido políticas orientadas hacia el control social y por ende, trasladadas al terreno de la seguridad.

Estas políticas, en su mayoría prohibicionistas, han evidenciado no solo ineficacia respecto al consumo, sino también han propiciado la generación de mercados negros y mafias que se robustecen del abasto de dichas sustancias y que en muchos casos, llegan a sobrepasar el poder del Estado. En ese espectro se encuentra nuestra propia historia nacional y la de la mayoría de los países de Latinoamérica, sin dejar de mencionar la prohibición de alcohol en Estados Unidos en los años veinte. Todas estas políticas han tenido el mismo resultado; un rotundo fracaso.

El costo social que ha pagado México por seguir la idea del prohibicionismo ha sido muy alto, tomando en cuenta que ni siquiera EU -quien es nuestro mayor socio comercial y consumidor en la materia- sigue adoptándolo. Esta ilógica realidad, ha desencadenado una guerra en nuestro país que algunos historiadores ya denominan como “narco-insurgencia” y de ninguna manera, esta “estrategia”, ha disminuido el objetivo primario: el consumo, pero sí ha disparado los índices de criminalidad a cifras propias de una guerra civil.

De las drogas que históricamente han sido consideradas “ilegales” la mariguana es la de mayor tráfico, según las últimas encuestas nacionales sobre adicciones (ENA), su consumo representa el 80% y el 75% de las sustancias, lo que representa en promedio (Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República) más del 30% de los ingresos de los cárteles de la droga en México.

Si nos basamos en la evidencia científica, pareciera ilógico que este inofensivo enervante esté prohibido cuando su tasa de mortalidad ni siquiera es un dato estadístico, en comparación con el alcohol, el tabaco y muchos medicamentos que se encuentran en el orden de lo legal y que si representan un porcentaje considerable de enfermedades, accidentes y muertes prematuras año tras año. Por el contrario, los cannabinoides han demostrado ser eficaces en el tratamiento de múltiples enfermedades.

A estas alturas ya es utópico pensar en que el mercado de las drogas pueda eliminarse, para un país como el nuestro el reto sería reducir los daños, objetivo que sólo alcanzaremos si por lo menos se regula el mercado y se modifica a su vez el enfoque a uno de prevención de las adicciones y de salud pública.

En ese mismo sentido, en ninguno de los casos internacionales donde las drogas han sido legalizadas ha crecido significativamente el consumo, se presenta en la mayoría de los casos, una pequeña curva que tiende a aplanarse en el corto/mediano plazo. Porque es una verdad del orden psicológico, que gran parte del atractivo de las drogas, es la prohibición de la que son sujetas, de ahí el viejo adagio; “lo prohibido es lo más deseado”.

En México, la Suprema Corte ha dado pasos acertados respecto a la legalización de la mariguana, la semana pasada emitió una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, para derogar los últimos párrafos de los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud, que aún prohibía el consumo de cannabis.

Sin embargo, desde 2019 la Corte ya había establecido que era inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal y ordenó al Congreso legislar en la materia antes del 30 de abril de 2021, sin embargo, los integrantes del poder legislativo han postergado tres veces dicha disposición, creando un vacío legal e impidiendo por miedo, incompetencia o complicidad, la creación de un mercado regulado de la cannabis.

Este mercado que está ya regulado en la mayor parte de los Estados Unidos, representa alrededor de 10 mil millones de dólares al año en ese país y cerca de 344 mil millones en el mundo, con una impresionante tasa de crecimiento del 30 por ciento anual, según datos de Muisca Capital Group y New Frontier Data. Fiesta a la que México, a pesar de ser competitivo en la materia, también está llegando tarde como resultado de esta carencia legal y por supuesto de los intereses comerciales de Estados Unidos.

A su vez, no solo legalizar sino también desmitificar el consumo de la mariguana, es fundamental en el camino de construir un mercado adecuado para el abasto, pero también para muchas otras sustancias que viven en la oscuridad y que son las verdaderas raíces desde donde el crimen organizado se nutre. Es indiscutible que si en realidad se quisiera propinar un verdadero golpe al narcotráfico, sería en el ámbito económico donde realmente podría generarle estragos.

En definitiva, el consumo de sustancias legales e ilegales es fundamentalmente un tema de salud pública y a la par de la legalización y la regulación de las mismas, es necesario un eficaz y agresivo programa de prevención para disminuir el consumo y tratar la adicción, que dicho sea de paso, son dos cosas distintas.